A la espera de resoluciÓn judicial
Vecinos ocupan terreno privado en El CarmenAlrededor de 150 personas decidieron tomar tierras en la zona de El Carmen en reclamo de espacios para edificar sus viviendas. El propietario del lugar inicio acciones legales para recuperar su propiedad. Desde el Municipio ofrecieron realizar un relevamiento social y económico de las familias ocupantes para tratar de dar algún tipo de respuesta

Más de 150 personas permanecían, al cierre de esta edición, con la ocupación de terrenos, en una acción que llevaron a cabo el pasado fin de semana en la zona de El Carmen, mientras que el propietario del predio, efectuó una denuncia que derivó en la intervención de la justicia platense.
En horas tempranas del domingo, grupos de personas ocuparon tierras comprendidas entre calle 30 a 31 y de 126 a 130, asentando precarias instalaciones con el objetivo de mantenerse en el lugar. El objetivo es contar con espacios para la construcción de viviendas propias, aunque dentro de los que llevaron adelante la intromisión se detectan dos sectores.
Por un lado se instalaron vecinos frentistas al predio próximo a la Escuela 25, bajo el argumento de frenar el avance de otro grupo que reside en el mismo barrio de El Carmen, pero en áreas más alejadas a la zona del conflicto.
Desde el municipio, se explicó que enterados de la situación, se acercaron al lugar para dialogar con los ocupantes, autoridades policiales y el delegado municipal de la zona Daniel Saino.
El propio delegado comunal comentó que se encargó de advertir en primer término que las tierras eran privadas y “que la Municipalidad no tenía ingerencia sobre ellas”. “Nuestra propuesta fue ofrecer efectuar un relevamiento socio económico de todas estas familias, pero en sus lugares de residencia previo a la intromisión y así actuar en consecuencia”.
Los participantes de la toma presentaron una nota ante la Intendencia en la que se refieren a situaciones socioeconómicas insatisfechas, “las que conocemos y estamos tratando de superar”, aseguró Saino, quien no descartó “que en alguna medida detrás de estas acciones haya algunas intencionalidades de tipo políticas”.
Juan Bajcic, a cargo de manera interina de la Intendencia, expuso que se encontraban a la espera de determinaciones de la justicia actuante y al ser consultado sobre la procedencia de quienes se instalaron de manera clandestina, aseguró que se trata en su gran mayoría de residentes linderos al descampado tomado, “sin dudas en este tipo de acontecimientos puede aparecer gente de otros lugares que manejen otros tipos de intereses, nuestra preocupación es tener datos reales de quienes son los vecinos de Berisso que necesitan sus viviendas”.
Fuentes comunales indicaron que las tierras pertenecen a Enrique Basla, titular de la empresa Ganagri S.A, quien reclamó por medio de acciones legales encaradas el desalojo del lugar, que fue subdividido en forma precaria por los ocupantes.
Como se argumentó en otros casos similares, la toma del predio habría sido decidida ante la necesidad de contar con espacios para la construcción de viviendas y ante el rumor de la posible llegada de personas de otros lugares, con la intención también de abordarlas.
Al respecto Bajcic, declaró que el lugar en cuestión se trata de tierras fiscales, con compromiso hidráulico, sin servicios y en condiciones difíciles de urbanizar. A esto agregó que las políticas municipales apuntan a tratar este tipo de situaciones, “esto tiene que ver con la reciente creación de la Coordinación de Tierras y que se encuentra en una etapa de evaluación para determinar qué terrenos pueden estar disponibles y en calidad de ser urbanizadas para poder ser vendidos en valores accesibles, pero deben ser lotes con servicios y que tengan las cuestiones básicas resueltas para poder construir casas, que incluirá políticas de autoconstrucción”.
La denuncia del propietario fue efectuada en dependencias de la comisaría Berisso Tercera, cuestión que se derivó en el ámbito judicial a la Unidad Funcional de Investigaciones N° 1, a cargo de la doctora Virginia Bravo. Mientras se decide la resolución judicial, el lugar se encuentra bajo custodia policial.