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Redacción Abierta
La toma de tierras urbanas

La toma de tierras urbanas se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. Y desde una perspectiva social y crítica, la tarea es doble. Por un lado está la visión del ámbito jurídico, que convierte las tomas en actos delictivos y potencia por ende la criminalización de la pobreza; al mismo tiempo es necesario analizar críticamente las relaciones entre el Estado y los sujetos que protagonizan esas tomas, para comprender la complejidad de la problemática.
En ese contexto, la tierra urbana es una de las mercancías más preciadas y disputadas; de allí que la lucha por los espacios urbanos se exprese en las denominadas toma de tierras, a través de las cuales los grupos marginados, logran acceder a la ciudad, de una manera ilegal y precaria, lo que mantiene y reproduce su situación de desigualdad estructural.
El progresivo hacinamiento generacional de las familias de estos sectores y la inviabilidad de obtener un ingreso estable, no sólo obstaculiza el ingreso al mercado de alquileres, sino que además anula cualquier horizonte de expectativas en relación con la casa propia. Es que si bien los asentamientos se inician como una ocupación ilegal, no hay en ellos ningún cuestionamiento a la noción de propiedad privada; lejos de ello, lo que los vecinos buscan es lograr el lote particular, por verse excluidos de otros mecanismos de asignación. Y lo sienten como una forma de defensa de una identidad amenazada. En el sentido que se le da a la toma; la salida de la legalidad es sólo para reingresar a ella con un derecho reconocido. La propiedad que no se consigue en el mercado por la vía del ahorro, se busca por otros medios; los asentamientos se colocan en una contradicción de la justicia, que busca garantizar al mismo tiempo el derecho a la propiedad y el anhelo de todos a un sitio donde vivir.
Si la ocupación ilegal expresa un delito, la exclusión de la vivienda muestra un déficit del Estado en sus deberes; pues cuando las personas se organizan y toman las tierras están evidenciando su dificultad de llegar a su morada, por los canales institucionalizados y por lo tanto la amenaza que pesa sobre sus posibilidades de integración social. Debiendo consignarse que los ocupantes se ordenan rápidamente con un delegado de manzana y crean una comisión interna “del nuevo barrio”. Surgiendo también hechos luctuosos como la muerte de una persona, en Villa Soldati, en el mes de febrero de este año; tras una pelea entre vecinos.
La infraestructura habitacional argentina no ha acompañado de modo parejo al crecimiento demográfico. Según datos aportados por la Universidad Nacional de General Sarmiento, hay más de un millón de personas que viven en las villas de emergencia y cerca de mil asentamientos. Sumado a ello, Argentina tiene una gran asimetría en materia de territorio y población, pues aproximadamente más del 40% de la misma está radicada en la Provincia de Bs. As. y en la Capital Federal y cabe mencionar que casi un 60% de los habitantes de algunas villas miserias del conurbano son extranjeros (muchos con una situación migratoria irregular), produciéndose una toma de tierras por semana. Se impone pensar entonces, como nuevo paradigma, en el desarrollo con reforma territorial, en la descentralización y en la creación de cuatro o cinco regiones geográficas, como espacios de generación productiva y de inclusión de sectores marginados, para saldar las deudas sociales y superar los desequilibrios e injusticias.

Dr. Oscar Alcoba
DNI 7.663.311

 


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